1979


TRIBUNAL ELECTORAL (1979)

Un retroceso para la juridización de los procesos electorales significó la Ley Electoral del Estado de Jalisco, promulgada mediante decreto Nº. 9980, de fecha 29 de marzo de 1979, que fue publicada el 5 de abril de 1979, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, ordenamiento que determinaba en su artículo 56 fracción XX, que el Consejo Electoral se erigiría en Tribunal Electoral para calificar las elecciones de munícipes que fueran objetadas. 

La disposición legal en cita, preveía un procedimiento que se reducía a una audiencia de las partes, recepción de las pruebas que constaran en los expedientes electorales, las cuales serían apreciadas en conciencia, una etapa de alegatos, y finalmente el dictado de la resolución. 
En efecto, debe precisarse que la calificación de las elecciones de diputados al Congreso del Estado, eran calificadas por este órgano legislativo erigido en Cámara de Diputados (Artículo 189) y la relativa al Gobernador correspondía al propio Congreso del Estado (Artículo 191). 
Las elecciones de los regidores, se calificaban por el Consejo Electoral del Estado, y sólo este acto era susceptible de impugnarse por las causales de nulidad que regulaba el artículo 192, ante el propio Consejo Electoral a través del recurso de reclamación, toda vez que las impugnaciones respecto de diputados y la de Gobernador se resolvían por el Colegio Electoral. 

Ante las impugnaciones en las elecciones de regidores el propio Consejo Electoral, se constituía formal y legalmente en Tribunal Electoral para conocer de ellas y las resoluciones recaídas a los recursos eran definitivas e inatacables. (Artículos 182, 183, y 186 al 188) 
Este Tribunal Electoral también podía declarar la nulidad de la elección de municipes, si se actualizaban las causales previstas en el artículo 193 de la propia ley. (Artículo 194) 

En esta ley electoral, se establecía que las reclamaciones interpuestas, en contra de las elecciones de ediles sólo procedían cuando previo y oportunamente se hubiesen agotado todos los recursos previstos por la ley ante los organismos electorales competentes. En esta etapa aparece ya regulado el principio de definitividad dentro de las resoluciones y en las diversas etapas del proceso electoral. 
Dentro del cuerpo normativo de esta ley se establecieron algunos recursos que pudieran denominarse con el carácter de administrativos y aparecían dispersos en diversas disposiciones legales, además, de una ordenación concentrada de recursos que aparecía enlistada en los artículos 196 al 207. 

A continuación se describen de manera sintética los procedimientos que aparecen dispersos en la ley, como son: 

Impugnaciones sobre la ubicación y nombramientos de los miembros de las Mesas Directivas de Casilla 
Impugnaciones respecto del Padrón Electoral y Listas Nominales de Electores
Impugnaciones sobre suspensión de derechos políticos de presuntos diputados y cancelación de registro de partidos políticos 
Impugnaciones sobre registro de candidatos 
Impugnaciones respecto de resultados y cómputos electorales 
Regulación concentrada de recursos