1987

TRIBUNAL DE LO CONTENSIOSO ELECTORAL (1987)

Por decreto Nº 12817, fechado el 30 de octubre de 1987, que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado Jalisco”, el 10 de noviembre del mismo año, se decretó una nueva Ley Electoral del Estado de Jalisco, cuerpo legal que en su articulado contenía el advenimiento del Tribunal de lo Contencioso Electoral, al que se definió como un organismo jurisdiccional dotado de autonomía y personalidad jurídica propia. (Artículo 216) 

Este órgano se integró con cinco Magistrados propietarios y dos suplentes. (Artículo 217) 


La proposición para desempeñar los cargos de Magistrados, se atribuía, en primer lugar, a cada partido político registrado ante el Consejo Electoral del Estado, institutos políticos que debían presentar sus propuestas ante el Congreso del Estado, a más tardar, el día 30 de septiembre del año anterior a la elección, órgano éste último que designaba a los Magistrados correspondientes y les tomaba la protesta de ley. Durante los recesos del Congreso del Estado, la Diputación Permanente hacía los nombramientos de los Magistrados. Cuando se daba el caso de que los partidos políticos no presentaban sus propuestas en el término previsto en la ley, perdían su derecho de hacerlo posteriormente. (Artículo 219)


Este Tribunal, iniciaba sus funciones dentro de la primera quincena del mes de octubre del año anterior al de la elección; lo cual tenía especial importancia ya que desde el inicio del proceso electoral y al término del mismo, se podía hacer valer la inconformidad contra actos y resoluciones de las autoridades electorales, recurso cuya resolución competía dictar al Tribunal Electoral. (Artículo 220) 


Con dicho recurso se garantizaba que se cumpliera cabalmente con el principio de legalidad, que establecía y contempla actualmente la Constitución Local, al darle oportunidad a las partes que consideraran vulnerado su interés jurídico por un acto o resolución de la autoridad electoral, de acudir ante dicho organismo jurisdiccional. 
El Tribunal entraba en receso al término del proceso electoral, una vez resueltos todos los asuntos sometidos a su competencia. (Artículo 220) 
Las resoluciones del Tribunal tenían el carácter de definitivas y, contra ellas, no procedía recurso o juicio alguno, salvo las determinaciones y modificaciones que hiciera el Colegio Electoral. (Artículo 239) 


La ley electoral de 1987 también regulaba el principio de definitividad de las resoluciones y de las etapas del proceso electoral que ya se contemplaba en la Ley Electoral de 1979, lo que evidentemente permitía la certeza en los diferentes actos o resoluciones que se emitían por los organismos electorales, en especial, los relativos a la impugnación de los cómputos municipales o distritales para los cuales era requisito de procedibilidad que se hubieren interpuesto los escritos de protesta respectivos para hacer valer la inconformidad.