Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

Las convocatorias y concursos para la designación de los Magistrados Electorales se efectúan de conformidad a los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, los cuales a la letra prevén:

 

Artículo 4.- El Tribunal se integrará por cinco magistrados designados por el Senado de la República por el periodo, forma y términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley general de la materia. Para que pueda funcionar válidamente se requiere la concurrencia de la mayoría de sus integrantes.

Artículo 5.- En todo lo relativo a los requisitos para ser magistrado, proceso de elección, forma de cubrir las vacantes definitivas, impedimentos, excusas, remoción y régimen de responsabilidades se estará a lo que al efecto se disponga en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco y la ley general.

 

Igualmente el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en su artículo 5, dispone:

 

Artículo 5.- Se integrará por cinco Magistrados que serán electos en los términos y condiciones de las disposiciones Constitucionales y legales aplicable. Tendrá su residencia en el área metropolitana de Guadalajara y contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

 

Por otra parte, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el capítulo III, del Sistema Administrativo, se encuentran los artículos referentes a las convocatorias, concursos y selección de los servidores públicos, sin embargo, para este sujeto obligado no rigen dichos artículos, al tratarse de un organismo público autónomo, tal y como lo prevé la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 68, en cual a la letra establece:

 

Artículo 68.– El Tribunal Electoral es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, y que se rige bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Tendrá a su cargo la función jurisdiccional local en materia electoral y de participación ciudadana.

 

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